El llamado “Plan de choque en respuesta a la guerra” del Gobierno contempla medidas como el límite de la subida del alquiler
El 29 de marzo se aprueba en el Consejo de Ministros el “Plan de choque en respuesta a la guerra” un paquete de medidas destinado a, como su nombre indica, paliar los efectos de la guerra en los residentes de España. Este paquete costará 16.000 millones de euros y tendrá una validez hasta el 30 de junio de 2022. Entre las medidas más destacadas encontramos la desvinculación de los alquileres del IPC o la restricción de precios a suministros. Se trata de medidas principalmente vinculadas a limitar la subida de los gastos a causa de la guerra. A finales de mayo el Gobierno anunció en el último Consejo de Ministros que se prorrogará la medida otros tres meses más.
Cómo funcionará la limitación temporal de la subida del precio del alquiler
Desde comienzos de año el IPC, el índice por el que se mide la inflación y por el que la mayoría de contratos de alquiler se rigen, ha ido subiendo sin precedentes. El mes pasado se situó en un 8,7% interanual.
Con estas cifras, un inquilino con un alquiler de 1.000 euros que renueve su alquiler y suba su precio en función del IPC podría ver su renta mensual aumentada en 87 euros, lo que supone un aumento del precio del alquiler de 1.044 euros al año.
En este sentido y con previsión de que esta subida no pare en los próximos meses a raíz de la guerra, el Gobierno aprobará hoy una medida para limitar esta subida. Con este límite los alquileres no podrán subir más de un 2% la renta. Así, las subidas de precios de los alquileres se desvincularán del IPC y se regirán por este nuevo índice con un aumento máximo del 2% hasta finales de septiembre.
Las subidas de precios de los alquileres se desvincularán del IPC y se regirán por este nuevo índice con un aumento máximo del 2%
Así, el mismo inquilino con un alquiler de 1.000 euros, verá subir su renta en 20 euros, lo que supondrá una subida anual de 240 euros, 672 euros menos al año que si se actualizase con el IPC actual.
Esta medida en un principio se iba a mantener hasta el 30 de junio de 2022, pero el Gobierno ha anunciado su intención de prorrogarlo 3 meses más, es decir, hasta finales de septiembre. Así, los inquilinos que tengan su revisión del alquiler no tendrán que afrontar una gran subida de sus alquileres.
Características principales del nuevo límite al alquiler
- En vigor a partir del 1 de abril de 2022
- Termina el 30 de septiembre de 2022
- Limita la subida del precio del alquiler a un máximo del 2%
- Afecta a todos los inquilinos que tengan que actualizar su renta entre el 1 de abril y el 30 de septiembre
- Es aplicable tanto para grandes tenedores como para caseros particulares
«El Gobierno debe proteger de las subidas de precios tanto a inquilinos como a propietarios estableciendo medidas anti-crisis para ambos”
Fotocasa considera que la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas.
Desde Fotocasa consideramos que es una medida extraordinaria de carácter temporal para hacer frente a una situación inédita en la historia de nuestro mercado. En estos momentos, la desvinculación temporal de las renovaciones de los alquileres del IPC, supondrá un claro respiro para los inquilinos, que desde el segundo semestre de 2021, comenzaron a ver cómo hacer frente al pago de su renta supone una dificultad cada vez mayor. Además en un contexto de inflación desbocada, la factura energética y del gas también se ha incrementado, son suministros a los que los inquilinos también han tenido que hacer frente.
La desvinculación temporal de las renovaciones de los alquileres del IPC, supondrá un claro respiro para los inquilinos, aunque el arrendatario también se verá perjudicado. Ambas partes del contrato merecen medidas excepcionales
En ciudades como Madrid o Barcelona donde el precio del alquiler mensual ronda los 1.200€/1.300€, la vinculación al IPC supondría un aumento de unos 85 euros al mes, lo que resultaría en el pago a mayores de casi una mensualidad a final de año. Un aspecto asfixiante para quienes sus salarios no han aumentado al mismo ritmo.
Sin embargo, aunque la inflación afecta en mayor medida al inquilino, el arrendatario también se verá perjudicado, no solo porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento, sino que varios de los gastos directos de la vivienda a los que el propietario tiene que hacer frente también es probable que se incrementen.
Por lo que la administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC, no recaiga sobre los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados.
En este caso, ambas partes del contrato merecen medidas excepcionales. La responsabilidad de las subidas de precios no debe recaer de nuevo sobre los propietarios particulares, ya que la situación económica y de mercado global no depende de ellos. Por el contrario, el arrendatario sí que decide si pone su vivienda en el mercado del alquiler, y si se encuentra en un ambiente desincentivador con modificaciones de la normativa continuas, es probable que prefiera el mercado de la compraventa y pueda llegar a retirar su vivienda del alquiler, lo que contraería aún más la oferta.
La inseguridad por la limitación del incremento del precio del alquiler podría reducir la oferta en un 20%
En este contexto, cabe destacar que los últimos datos de la tasa interanual del IPC correspondían a un 7,6%, lo que significa que la decisión anunciada por Sánchez la reduciría cinco puntos. Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), lamenta que el gobierno de Sánchez opte por el intervencionismo y deja de lado la ley de la oferta y la demanda. “Si se trata de una ley que tiene vigencia solo hasta junio es más una ley efectista que algo que vaya a tener implicaciones en el mercado inmobiliario”, explica el presidente.
Inseguridad ante la limitación del precio
La intervención del gobierno sobre los contratos ya firmados provoca inseguridad jurídica en el valor de la vivienda como inversión. Montse Moreno, vicepresidente de AEPSI, explica “parece ser que a los únicos que no les afecta la crisis, según el Gobierno, es a los propietarios de inmuebles, aunque no tienen en cuenta que la mayor parte son pequeños propietarios y que las rentas de los alquileres es una manera de complementar sus ingresos”.
En este sentido, la posible limitación de precios del alquiler debido a Ley de Vivienda ya ha generado inestabilidad entre los propietarios llegando a incrementar hasta un 15% la contratación de seguros de impago. Unsain explica que “este tipo de decisiones provocarán que los propietarios decidan retirar sus viviendas del mercado y la oferta se podría reducir un 20%”.
